El País

CABA: advierten que el 25% de los inquilinos no puede hacer frente al pago del alquiler

Tres de cada diez inquilinos sufrieron algún tipo de amenaza de desalojo y otro 30% no recibió el CBU obligatorio para poder transferir el pago del canon locativo.

Uno de cada cuatro inquilinos de la ciudad de Buenos Aires pagará parcialmente o no pagará el alquiler este mes de julio, de acuerdo con un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados.

La encuesta, que alcanzó a más de 1500 inquilinos de la Ciudad, confirmó además que el 25% del segmento que no puede hacer frente al pago del alquiler, está acumulando hasta tres meses de deuda.

“La mitad de los inquilinos manifestó tener ingresos inferiores a los que percibió el mes pasado, no hay dudas que la vivienda alquilada se encuentra en estado crítico y sólo el auxilio estatal puede garantizar continuidad de vivienda a decenas de miles de hogares porteños”, indicó Inquilinos Agrupados.

En relación al Decreto 320/20, en principio vigente hasta el 30 de septiembre, que congela alquileres y prohíbe desalojos, “es notable la desobediencia del mercado inmobiliario a cumplir con las normas públicas, aún en emergencia sanitaria inédita”, señaló la agrupación.

Tres de cada diez inquilinos sufrieron algún tipo de amenaza de desalojo y otro 30% no recibió el CBU obligatorio para poder transferir el pago del canon locativo; mientras que el 28% sufrió amenazas de desalojo o no renovación de contrato.

Asimismo, Inquilinos Agrupados indagó sobre el cumplimiento de la nueva Ley de Alquileres a pocos días se su entrada en vigencia y un 32% de los encuestados declaró recibir presiones para no adecuarse a la ley.

El presidente de IA, Gervasio Muñoz, consideró que “la nueva ley de alquileres es muy resistida por el mercado inmobiliario y están llevando adelante estrategias para no cumplir la ley ni el decreto que suspende desalojos y congela el precio de los alquileres”.

“Además, se ve un proceso de endeudamiento muy fuerte en el sector. Es fundamental elaborar mecanismos desde el Estado para lograr el cumplimiento y extender el decreto 320/20 hasta marzo del 2021 para evitar aumentos y desalojos que lleven a una crisis habitacional aún más grave”, concluyó.

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